La mañana del 23 de junio de 2018, San Cristóbal, capital del estado Táchira, a 12 horas en carretera de Caracas y dos de Cúcuta, Colombia, amaneció con la noticia del desmantelamiento de una banda dedicada a la trata de personas y prostitución de menores de edad. En un hotel en Pueblo Nuevo, se había desplegado un operativo de organismos de seguridad quienes, con armas largas y capuchas, ingresaron y detuvieron a los implicados
por Lorena Bornacelly
Seis personas fueron presentadas ante las autoridades policiales por conformar una banda de trata de personas internacional desde
la frontera de Venezuela con Colombia.
Foto referencial policial.
La noticia de la detención de ocho sujetos estuvo acompañada por el rescate de tres menores de edad, dos de ellas habían sido abusadas por parte de quienes previamente las habían drogado. Según la versión ofrecida por Freddy Bernal, enlace del gobierno de Nicolás Maduro en el Táchira, a las jóvenes les ofrecieron viajar hasta Colombia para brindar servicios sexuales y al negarse fueron violadas. Les dijeron que ya habían sido vendidas por 15 mil dólares, quien estaba al mando de la banda, era otra joven de 15 años encargada de buscar a niñas para la prostitución.
Dos días después, el 25 de junio de 2018, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, denunció que las casas abrigo y refugio del Gobierno regional habían sido “vulneradas” debido a que niñas de entre 12 y 15 años recibieron ofertas de prostitución para ejercerla en países como Colombia y Brasil.
Escaparse un rato, ir a bailar, quizás tomar algo, conocer a otras personas y volver sin que nadie se diera cuenta. Pero luego de dos tragos de ron, se dio cuenta que lo que vendría no lo hubiera imaginado en sus peores pesadillas.
La historia de esta niña, menor de edad y a quien se le debe proteger la identidad de acuerdo con la legislación venezolana, muestra cómo opera una red de prostitución y trata de personas en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, al occidente de Venezuela.
En el caso de esta joven, una compañera de clase fue quien la convidó para conocer a otros muchachos que les brindarían bebidas alcohólicas, pese a ser menores de edad. En el segundo trago de ron que se tomaba, la compañera de clases le contó que uno de los hombres con quienes estaban había expresado su interés en ella, le sugirió que estar con él le traería beneficios porque podría ganar mucho dinero y así lograr independizarse y hasta viajar a otros países sin depender de padres, adultos ni de nadie más que de ella misma.
Una niña de 15 años, en San Cristóbal, estado Táchira, era quien se encargaba de localizar a jóvenes que serían llevadas a Colombia y Brasil a prostituirse.
Foto referencial Facebook de Ámbar.
De 15 años y sin haber tenido novio o relaciones sexuales previamente, las insinuaciones que le hacían eran nuevas y confusas para ella. Dejó de tomar alcohol, cambió la cara y la actitud y decidieron que la llevarían a su casa, pero no fue así. El conductor manejó hacia otro rumbo.
Bajarse del carro en el hotel a donde llegaron significó para esta adolescente estar contra su voluntad en ese sitio y que tres hombres distintos abusaran de ella por dos días seguidos.
Los raptores le preguntaban constantemente si quería trabajar, que por hacerlo en San Cristóbal cobraría en pesos colombianos, moneda que en Táchira circula comúnmente por la cercanía con la frontera con Colombia, pero si los clientes la catalogaban como muy buena, podría aspirar a cobrar en dólares americanos por sus servicios.
Además de eso, le prometieron que luego de unas semanas podría viajar a Colombia a pasar unos días trabajando, con mejor remuneración y “la oportunidad de conocer un país con personas nuevas”.
Pero el ofrecimiento iba más allá. Después de estar en Colombia, podría optar por ser trasladada hacia Brasil. “Es el país de las mujeres bellas. Para Brasil sólo llevamos a las mejores y tú puedes ser una de ellas; vas a conocer un país al que jamás irías trabajando en Venezuela, aquí no llegarías ni a la esquina”, le dijo un hombre, que aunque había abusado de ella, nunca escuchó o supo su nombre.
Luego de tres días de rapto fue liberada junto a otras dos jóvenes que estaban allí. Secuestro, droga, abuso sexual, abuso psicológico y amenazas de muerte, así resume la joven los días en que estuvo encerrada en un hotel sin quererlo.
Bernal asegura que estas redes de trata de personas con fines sexuales están conformadas por quienes “venden como ganado” a mujeres y niños a sujetos de Colombia, Ecuador y Perú.
Al indicar sobre estas bandas trasnacionales, Bernal precisó que la Fiscalía venezolana intentó establecer comunicación con la Policía de Colombia para intentar frenar esta situación. “Lamentablemente, no encontramos colaboración; La Policía de Colombia ni responde a los documentos que se envían. Es necesario que las policías de ambos países trabajen en conjunto para así lograr poner fin a estas mafias aberrantes”, asevera el portavoz.
Con respecto a esa acusación contra las autoridades colombianas que hace Bernal, coincide la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, al explicar que intentó tener comunicación con autoridades del norte de Santander (Cúcuta) para articular información y esfuerzos que permitan que en ambos países se disminuya el delito de trata de personas, sin embargo, asegura que tampoco encontró respuesta.
-Estos seis sujetos están siendo juzgados en una jurisdicción especial por la Ley de Delitos Contra la Mujer.
-Ya tuvieron su audiencia preliminar, donde les ratificaron todos los delitos. Tienen pase a juicio con plena privativa de libertad sin fianza.
Joven de 15 años, cabecilla de la banda, residente en San Cristóbal y estudiante de 4to año de bachillerato. Estuvo detenida por seis semanas y fue puesta en libertad por ser menor de edad y estar en actividades académicas. Debe presentarse cada quince días para la continuidad de su juicio.
Joven de 16 años de edad. Su condición es la misma que la de quien fue identificada como la jefa de la banda. Por ser menor de edad puede asistir a sus clases y presentarse en el Tribunal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cada 15 días.
En el expediente que está siendo llevado por el Tribunal Primero de Control de Delitos de Violencia de Género, figuran seis sujetos acusados, entre otros delitos, de abusar sexualmente de dos menores de edad, o de encubrirlos.
Amilcar Alexander Santos Díaz. Venezolano oriundo del estado Anzoátegui, según el expediente y el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, fue acusado por el delito de abuso sexual con penetración violenta y por trata de personas.
Kevin Rafael Parra Rodríguez. Venezolano y originario del estado Zulia, según el expediente y el CNE. Se le imputaron cargos de abuso sexual de adolescentes en el grado de autoría, asociación para delinquir y trata de personas.
Devin Márquez. Venezolano. En el expediente aparece con delitos de abuso sexual, violación y trata de personas.
Jesús Gustavo Contreras Gómez. Alias “El Caracas” o “el PTJ” (siglas que hacen referencia al anterior nombre del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística) está siendo juzgado por encubrimiento del delito de abuso sexual y por trata de personas. Gómez era recepcionista del hotel Pueblo Nuevo, donde fueron todos detenidos.
Yordin Xavier Castillo Sivira. Venezolano enjuiciado por el delito de encubrimiento en el delito de abuso sexual y por trata de personas.
En la presentación pública de los miembros de la red no fue mencionado Caron Márquez. También aparece enjuiciado en el mismo caso por encubrimiento de trata de personas y de abuso sexual.
Los nombres propios de los menores detenidos se han omitido por razones legales.
Información:
Investigación Especial El Pitazo
