El asesinato de la escort Kenni Finol en México puso en relieve una arista de la situación migratoria venezolana. Tras ser desmembrada por un narcotraficante, su caso destapó que muchas mujeres de Venezuela están siendo víctimas de trata de personas en diferentes partes del mundo. La situación va en aumento.
Es difícil conocer cuántas personas en el mundo se encuentran en la situación en la que estaba Kenni Finol. La venezolana de 26 años se ofertaba como “la muñeca más cara de la vitrina” y ofrecía servicios sexuales en la página mexicana Zonadivas.com desde 2015. Kenni pasó de vivir en un barrio de Maracaibo –la segunda ciudad más importante de Venezuela– a residenciarse en México, donde trabajaba como dama de compañía. Era rubia y tenía ojos verdes e implantes en los senos. También era blanco de amenazas de quien se presume fue su asesino y con quien estuvo en una relación hasta septiembre de 2017, Brayan Mauricio González, alias El Pozole, integrante de la banda delictiva mexicana La Unión de Tepito. En un video Kenni se mostró con heridas abiertas, moretones en los ojos y el labio roto. Su estado era consecuencia de una petición de quien fue su pareja: que dejara de promocionarse en distintas páginas como escort.
A Kenni la hallaron muerta en una calle de Ecatepec, Estado de México, el 25 de febrero de 2018 con una bolsa en la cabeza y un precinto alrededor del cuello. Detrás la bolsa, se evidenció que le faltaban sus ojos verdes y que su cara estaba rociada con ácido. Era la sexta dama de compañía que asesinaban en el año en México.
Su muerte da pie a una investigación que busca reflejar un fenómeno presente en Venezuela, incluso desde antes de que el país suramericano suscribiera el protocolo de Palermo en el año 2000, redactado en función de prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Su vulnerabilidad es reflejo de las incontables mujeres que caen en redes de delincuencia que usan a personas como mercancía sin considerar sus derechos laborales o condiciones justas de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la organización australiana Walk Free Foundation dan algunas luces a nivel internacional. Según sus cálculos, se registraron en el mundo cinco millones de personas víctimas de trata para servicios sexuales en 2016, pero la opacidad de cifras oficiales en Venezuela dificulta determinar cuántas venezolanas comparten la historia de Kenni.
De acuerdo con la asesora de la OIM, abogada y socióloga, Lilian Aya, colombianas, ecuatorianas y peruanas eran los gentilicios que prevalecían en el país cuando de prostitución se trataba. Venezuela era un país receptor de víctimas extranjeras y tenía casos internos y externos. Pero el repunte de venezolanas involucradas en redes de delincuencia organizada para servicios sexuales fue directamente proporcional a la crisis política, económica y social del país. De acuerdo con Aya, quien fue autoridad en el tema en Venezuela en 2003, las políticas que se implementaron en los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y que continuaron en el mandato de Nicolás Maduro repercutieron en la vulnerabilidad de la ciudadanía.
La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) –que elaboran las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (Ucab) y Simón Bolívar (USB) – arrojó en febrero de 2018 que 87% de los hogares del país están en condición de pobreza por nivel de ingreso. La cifra en 2015 era del 73% y en 2014 apenas del 48,4%. En 2017 más de 12 millones de venezolanos dependieron de un subsidio alimentario directo del Estado, casi se duplicó con respecto a 2016, cuando eran 6,7 millones los beneficiarios estatales.
Cruzar las fronteras en búsqueda de oportunidades es atractivo en un escenario como este. Entre 2017 y 2018, se registraron 2.328.949 venezolanos distribuidos por el mundo, principalmente en Colombia, Perú y Estados Unidos, según datos de la OIM presentados en julio de este año. En 2010, eran 556.641 los migrantes criollos, indicó la organización. La misma publicación de la OIM refiere que la cantidad de migrantes venezolanos en México se duplicó en apenas dos años. De 15.959 registrados en 2015 pasó a 32.582 en 2017.
La salida se ejecuta por aire, mar y tierra, incluso a pie por los países de la región andina. Aya, señala que la desesperación es un elemento vital del delito. “Mientras la crisis se agudice en Venezuela, vamos a encontrar más víctimas de trata. La ola migratoria hace mucho más dramática la situación. La expone. En 2018 hubo efectivamente un repunte”, corrobora la asesora de la OIM.
A través de un engaño la víctima se siente atraída a la oferta laboral. “Es una oferta lo suficientemente atractiva para que la víctima no se resista. Ahorita en Venezuela no es muy difícil por el desespero que hay, sobre todo, en la población joven”, apunta Aya. La experta enumera aspectos como pasaje aéreo, alojamiento, gastos de servicios cubiertos y una suma exorbitante de dinero.
Pero cuando la víctima, conociendo o no que sería trabajadora sexual, llega al destino final, se encuentra con violencia, amenazas, coacción, abuso. Nada de lo que le habían prometido. Las condiciones cambian y ellas cambian con las condiciones: su personalidad se destruye por etapas, su poder de decisión se aniquila, su confianza se esfuma. La asesora de la OIM corrobora que les retienen “cualquier documentación que puedan usar para someterlas, generalmente en el traslado”. Las personas son más vulnerables a las redes de delincuencia organizada cuando emigran sin documentación, indica. Para ella, el Estado venezolano contribuye al controlar la emisión de pasaportes y prórrogas. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) acumula cientos de denuncias de retardos en la emisión de documentos de identificación.
Hoy, Venezuela pasó de ser un país receptor de víctimas de trata a ser un país de origen. También es un país destino. Así lo señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe sobre tráfico de personas de 2017. El documento indica que mujeres y niñas de zonas rurales y urbanas son objeto del tráfico de personas para el turismo sexual dentro del país. Agrega que oficiales venezolanos y extranjeros reportaron haber identificado a víctimas de tráfico de personas para servicios laborales y sexuales provenientes de América del Sur, islas del Caribe, Asia y África en Venezuela.
El ente estadounidense también apunta que las venezolanas son forzadas a prostituirse en diversas islas del Caribe, en especial Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago. El país, según el Departamento de Estado de la nación norteamericana, no cumple por completo con los parámetros mínimos de la eliminación del delito y tampoco está haciendo esfuerzos significativos para erradicarlo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, contempla en su artículo 54 que “ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. Además del protocolo de Palermo, el país ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
“Legalmente, en Venezuela tenemos un amparo legal lo suficientemente nutrido para hacer frente al delito. Pero hacer la ley no es suficiente. Si vives en una sociedad donde no hay respeto al Estado de Derecho, a las normas más elementales como el derecho a la vida, esto no opera”, sentencia Aya.
